El Gobierno sanciona a la mina Cobre Las Cruces por detracción ilegal de aguas subterráneas

  • A partir de repetidas denuncias interpuestas por Ecologistas en Acción, el Consejo de Ministros ha sancionado a la mina con una multa de 1.000.000 de euros.
  • La mina Cobre Las Cruces ya fue sancionada por el Gobierno con 1.200.000 euros en 2016, y está pendiente de otra de casi 1.500.000 euros por detracciones ilegales continuadas entre 2014 y 2018.
  • Todas estas sanciones evidencian la inviabilidad del nuevo proyecto PMR de minería subterránea.

El Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra Teresa Ribera, ha impuesto una sanción de multa de 1.000.000 de euros a la empresa Cobre Las Cruces, por detracción ilegal de aguas subterráneas. Además, insta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a “iniciar un nuevo procedimiento para exigir las responsabilidades en orden a obtener la reparación de los daños causados al dominio público y reposición de las cosas a su estado anterior”. Dicho procedimiento conllevará un mínimo de indemnización de 535.078,71 euros, según la valoración de la propuesta de resolución de 19 de abril de 2021, por daños al Dominio Público Hidráulico (DPH) del acuífero Gerena-Posadas. Un acuífero que es estratégico para el consumo humano del área metropolitana de Sevilla y Aljarafe para épocas de sequía.

Los hechos sancionados ahora ocurrieron entre octubre de 2016 y mayo de 2018, por un funcionamiento muy deficiente del denominado Sistema de Drenaje Reinyección (SDR) de aguas subterráneas. Ecologistas en Acción señala que este sistema debería ser la garantía de protección del acuífero desde que inició su actividad en 2005. Sin embargo, nunca ha cumplido ese objetivo medioambiental, sino que simplemente ha servido de excusa para la obtención de autorizaciones fraudulentas, empezando por la Declaración de Impacto Ambiental favorable otorgada en 2002.

Además, esta nueva sanción incluye la detracción de aguas subterráneas producidas por la primera rampa subterránea de investigación, realizada como prueba piloto, para el nuevo proyecto de minería subterránea (proyecto PMR) actualmente en tramitación. La empresa manipuló en 2017 la documentación técnica para la autorización de esa rampa de investigación, asegurando no producir ninguna pérdida de aguas subterráneas. De igual manera, ahora está manipulando la documentación técnica para obtener la nueva concesión de aguas subterráneas para el PMR y sortear la inviabilidad ambiental de dicho proyecto.

El expediente se inició por denuncia de Ecologistas en Acción y, tras inspección de los servicios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se ha confirmado una detracción ilegal de aguas subterráneas de 1.783.595,70 m3 durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2016 y el 28 de mayo de 2018.

A esta sanción se debe sumar la detracción ilegal de 625.000 m3 durante el periodo del 27 de febrero de 2014 al 11 de febrero de 2015, sancionado también por el Consejo de Ministros el 15 de julio de 2016 con una multa de 923.091,00 euros y una indemnización de 276.927,45 euros, confirmada por sentencia firme del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2018.

Asimismo, queda pendiente otra sanción por confirmar por el Consejo de Ministros con propuesta de multa de 1.000.000 de euros e indemnización de 496.882,94 euros por detracción ilegal de 1.403.624,12 m3 de aguas subterráneas en el periodo del 12 de febrero de 2015 al 1 de octubre de 2016. “Se trata de un periodo continuado de más de cuatro años de saqueo de aguas de dominio público”, en palabras de Ecologistas en Acción.

El motivo de todas estas sanciones es el incumpliendo de las condiciones impuestas en la concesión de aguas públicas autorizada en 2004 y en la Resolución de 24 de octubre de 2013, que modificó las condiciones del Sistema de Drenaje Reinyección (SDR) de aguas subterráneas. Ambas autorizaciones fueron otorgadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Todas las detracciones ilegales están provocadas por el mal funcionamiento del SDR, que no cumple con su obligación de reinyección del agua subterránea extraída. También por la gran cantidad de aguas contaminadas que se producen en el fondo de la corta minera, que tampoco pueden ser reinyectadas al acuífero y que fue la principal condición que se impuso a Cobre Las Cruces para obtener sus permisos mineros.

Según Ecologistas en Acción, la nueva sanción confirma una vez más el fraude de ley que lleva perpetrando Cobre Las Cruces desde el inicio de su actividad minera en 2005, con la connivencia de las administraciones. La condición imprescindible para autorizar la extracción minera a cielo abierto era que funcionara el novedoso sistema SDR, que nunca había sido implantado antes en ninguna mina del mundo. Es decir, que la empresa fuera capaz de reinyectar en el acuífero toda el agua que necesitaba extraer durante la explotación minera, sin contaminar el acuífero y sin que se produjeran pérdidas de agua.

La organización ecologista recalca que el SDR nunca ha funcionado “porque siempre ha sido un fraude”. Ya en 2008 la CHG tuvo que paralizar la mina al detectarse contaminación con arsénico del acuífero y detracción ilegal de aguas.

Por estos hechos fueron condenados en septiembre de 2016 por sentencia firme de la Audiencia Provincial de Sevilla los tres máximos directivos de Cobre Las Cruces -Consejero Delegado, Director de Mina y Directora de Medio Ambiente- por delitos contra el medio ambiente y de daños continuados al Dominio Público Hidráulico (DPH), tras denuncia de Ecologistas en Acción y de la Fiscalía de Medio Ambiente. Ni la CHG ni las autoridades ambientales y mineras de la Junta de Andalucía se personaron entonces en ese juicio en defensa de la legalidad vigente en materia de aguas públicas.

Con la nueva sentencia, Ecologistas en Acción exige a la CHG que, tal como exige la Ley de Aguas, invierta el dinero de las sanciones en mejoras y control del dominio público deteriorado.

Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción: “La realidad es que Cobre Las Cruces nunca ha cumplido con las condiciones de ninguna de sus autorizaciones en materia de aguas subterráneas, desde 2003 hasta la actualidad, ni con las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental de 2002. Y la realidad es que desde que inició su actividad en 2005, Cobre Las Cruces ha detraído ilegalmente unos 15 millones de m3 de aguas subterráneas, sin que las sentencias firmes de los tribunales, ni las administraciones que tienen la obligación de protección del acuífero, hayan conseguido hasta la fecha frenar esos daños. Por todo ello, la CHG no tiene otra opción legal que denegar la concesión de aguas subterráneas en tramitación para el nuevo proyecto PMR de minería subterránea”.