Hace unos días leí una curiosa noticia, a saber; Más Madrid está haciendo una colecta para poder participar en el desfile del Orgullo Gay que será el próximo 6 de julio. Intentan, Errejón y los amigos que le quedan, recaudar 10.000 euros, que es lo que calculan les cuesta poner su orgullosa carroza en el desfile, incluidos los 1.500 euros que la organización cobra por la inscripción, según dicha noticia. Nada mal para una inscripción.
Tan estupefacta me dejó el coste que me puse a investigar cómo se organiza la participación en el mayor fiestorro que se celebra en Madrid cada año. Conste que yo soy la primera que estoy a favor de cualquier reivindicación a favor de la libertad, más aún si se hace de manera divertida, pero tengo que reconocer que nunca me han cobrado 1.500 euros por entrar a una fiesta.
Y los debe valer porque, no olvidemos que año tras año, cualquier personaje público que se precie -sobre todo políticos y políticas de la meseta-, no deja de asistir a este desfile, a ver y dejarse ver. Máxime a esto último, cuya posibilidad de no poder hacerlo es lo que debe tener tan estresado a Errejón, quien NECESITA conseguir los 10.000 euretes que le permitan participar del evento, tal y como exige el dress code del mismo. Pero el dinero no es lo único que puede impedir a Más Madrid estar en medio del meollo del MADO’19 (es el acrónimo de las actividades del Orgullo para este año). Resulta que también existe el orden de “antigüedad”.
En la página oficial de la organización explican que participan un máximo de 40 carrozas y que tiene preferencia aquellas organizaciones y entidades que han participado en ediciones previas. La lista la componen sindicatos, partidos políticos como PSOE and PODEMOS, pero entre todos los nombres destaca uno de los de más solera, ya que lleva participando mucho tiempo. Socio preferente diría yo. Es la carroza de “Son nuestros hijos”. Para quien no lo sepa, “Son nuestros hijos” es una asociación de personas que se dicen padres de bebés que han nacido de una madre de vientre de alquiler.
Un vientre de alquiler es un contrato mercantil mediante el cual una persona que tiene el dinero suficiente paga a otra, que normalmente no tiene dinero ni para lo más básico, para que se preñe mediante técnicas de reproducción asistida, súper agresivas y que no necesita pero que destrozarán su cuerpo, con el único objetivo de dar a luz a un bebé que cumpla los cánones estipulados en el contrato (no vale cualquier bebé, que para algo se paga). Ese bebé será entregado en el mismo momento de nacer a quienes pagan la factura correspondiente, quiera la madre que lo parió (que es la única madre que reconocen nuestras leyes) o no quiera.
Esta práctica, en la que el dinero es un detalle que lo único que aporta al contrato es más vileza si cabe, es ilegal en España. Está tipificada como delito contra la filiación en el art. 221 del Código Penal y está declarada nula por el Tribunal Supremo desde 2014, por ir contra los derechos humanos de mujeres y niños y contra el orden público establecido. También está prohibida en la ley española de reproducción asistida porque, obviamente, un contrato no es una técnica de reproducción asistida. Lo que sí lo es son los tratamientos de atiborramiento de hormonas e intervenciones quirúrgicas a las que se somete a las mujeres alquiladas sin que lo necesiten, puesto que están completamente sanas. Aquello que en medicina y bioética le llamamos encarnecimiento terapéutico.
La gente de esa carroza (que sepamos, nunca ha tenido que hacer una colecta para participar en nada, por caro que sea), no participa en otros desfiles ni manifestaciones de carácter reivindicativo, pero hace tiempo que se incrustaron dentro del ámbito LGTBI para intentar hacernos creer a todos que su demanda de legalizar en España los vientres de alquiler es la mayor reivindicación de este colectivo.
Esto es, utilizan a las personas LGTBI para intentar que la sociedad vea bien y consienta darle bebés a personas que no han pasado –y probablemente no pasarían- ni un solo control de idoneidad. Lo que sí sabemos de estos padres y madres contratantes es que son unas personas con total incapacidad de gestionar la frustración, que creen que con dinero todo se puede comprar, mujeres y niños incluidos, y que tienen cuentas corrientes saneadas.
Ese es el por qué participan en el desfile del Orgullo: hacernos creer también que todas las personas gays están de acuerdo con esto. Claramente eso no es cierto. Es verdad que hay una parte de hombres gays que son usuarios entusiastas de las mujeres como si fueran incubadoras humanas, pero tiene más que ver con su posición económica –y un altísimo nivel de narcisismo– que con sus preferencias sexuales.
La inmensa mayoría de las personas, gays o no gays, están en contra del mercadeo de seres humanos. Lo que pasa es que no estaría de más que así lo manifestara el propio colectivo LGTBI. Que aprovechara esta, su semana, para desmarcarse de la explotación reproductiva. Sería una gran satisfacción para todos y todas los que defendemos los derechos humanos -y sobre todo para el movimiento feminista, aliado histórico del colectivo LGTBI-, que dejaran claro que ellos y ellas no están a favor de los vientres de alquiler, ni de que los instrumentalicen para hacer bandera de ello.
Y a los políticos, con colecta o sin ella, hay que exigirles que, así como se muestran orgullosos de manifestarse a favor de la libertad y la igualdad, con ese mismo entusiasmo y determinación denuncien esta explotación reproductiva y eviten legitimar a quienes explotan a mujeres pobres y compran a personas indefensas. Que les de vergüenza dejarse a ver al lado de quienes promueven abiertamente la explotación reproductiva de las mujeres como si fuéramos maquinitas de parir para los ricos. Que hagan algo al respecto y que actúen en consecuencia. Actuar. Eso sí que sería otro buen motivo de orgullo.
