![\"\"](\"https:\/\/dlvradio.es\/copia\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Las-organizaciones-ecologistas-alertan-de-los-riesgos-de-la-posible-modificacion-de-la-ley-de-suelo-150x150.jpg\")
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana recupera un proyecto legislativo que pondr\u00eda trabas a la acci\u00f3n p\u00fablica en materia urban\u00edstica y blindar\u00eda los planes contra posibles recursos judiciales.<\/p>\nEl Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana recupera un proyecto legislativo que pondr\u00eda trabas a la acci\u00f3n p\u00fablica en materia urban\u00edstica y blindar\u00eda los planes contra posibles recursos judiciales.<\/p>\n
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto a consulta p\u00fablica previa un anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Suelo y Rehabilitaci\u00f3n Urbana (aprobada por RDL 7\/2015), con la intenci\u00f3n declarada de \u201creforzar la seguridad jur\u00eddica en el \u00e1mbito de la planificaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica\u201d.<\/p>\n
Para las principales organizaciones ambientales espa\u00f1olas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acci\u00f3n, Greenpeace, SEO\/BirdLife y WWF, el efecto ser\u00eda el contrario ya que esta modificaci\u00f3n dificultar\u00eda que los planes urban\u00edsticos cumpliesen con las determinaciones exigidas en materia de medio ambiente y social.<\/p>\n
Aunque no se conoce el texto articulado que da lugar a la consulta p\u00fablica, tanto el diagn\u00f3stico como los objetivos y las propuestas son id\u00e9nticos a la ley que impuls\u00f3 el Partido Popular (PP) siendo \u00cd\u00f1igo de la Serna titular del Ministerio de Fomento. Conviene recordar que de la Serna lleg\u00f3 al ministerio al tiempo que se dictaba una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el PGOU de Santander, ciudad de la que fue alcalde, por no tener garantizada el agua para abastecer a la nueva poblaci\u00f3n. Con la reforma que pretend\u00eda, y que ahora retoma el ministro \u00c1balos, ese plan general no se hubiera anulado a pesar de sus graves deficiencias.<\/p>\n
Error de diagn\u00f3stico<\/strong><\/p>\n La propuesta para modificar la ley de suelo parte de un diagn\u00f3stico err\u00f3neo. Esto impide que los cambios que se propongan puedan solucionar los problemas de la planificaci\u00f3n urban\u00edstica. Efectivamente, para el Ministerio el problema radica en que \u201cen los \u00faltimos a\u00f1os han proliferado en Espa\u00f1a (\u2026) las anulaciones de pleno de derecho de instrumentos de planificaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica, aun en supuestos de deficiencias de car\u00e1cter meramente formal, derivadas de su consideraci\u00f3n como normas de naturaleza reglamentaria que, en consecuencia, y por ello, no admiten convalidaci\u00f3n\u201d. Por ello dicen que \u201cresulta preciso dotar a los planes de ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica de la estabilidad, certeza y seguridad jur\u00eddica que demandan en su defensa de los intereses generales\u201d. Y plantean dos tipos de medidas: \u201cLas relacionadas con la naturaleza de los instrumentos de planificaci\u00f3n y de los efectos que tiene su anulaci\u00f3n y las de car\u00e1cter procesal, que tratan de evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas\u201d.<\/p>\n Para las organizaciones, resulta llamativo que en ning\u00fan momento se analice por qu\u00e9 los tribunales anulan los planes. Y aqu\u00ed la respuesta es evidente: porque los planificadores vulneran la legalidad. Si los planes fueran escrupulosos con el cumplimiento de la ley, tanto en su tramitaci\u00f3n como en su redacci\u00f3n, ni los recurrentes ni los tribunales encontrar\u00edan motivos para anularlos. Para las organizaciones ambientales, \u201cla realidad es que se plantean planes insostenibles, tremendamente impactantes y sobredimensionados, ignorando la protecci\u00f3n del litoral, del dominio p\u00fablico hidr\u00e1ulico o de los espacios protegidos; se omiten o ignoran informes sectoriales llamados a asegurar la protecci\u00f3n ambiental, la igualdad de g\u00e9nero, los derechos de la infancia, la disponibilidad de agua para atender a la nueva poblaci\u00f3n, y no se garantiza el respeto las reservas de suelo protegido y que el plan sea econ\u00f3micamente viable y sostenible, o que su aprobaci\u00f3n no implique cargas inasumibles para las arcas p\u00fablicas. Son estos motivos los que hacen que los tribunales declaren nulos (ilegales) los planes urban\u00edsticos\u201d.<\/p>\n Para evitar la anulaci\u00f3n de los planes, el ministerio contempla permitir la convalidaci\u00f3n de las omisiones de los informes sectoriales, lo que tendr\u00eda un efecto perverso. Efectivamente, si un plan se mantiene aunque falten estos informes, obligar\u00eda a redactarlos a posteriori, pero sin ninguna posibilidad de incidir sobre el modelo urbano proyectado. O lo que es peor, si esos informes constatan que el planeamiento es contrario a los intereses que consagran y ya se ha ejecutado, \u00bfd\u00f3nde quedar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la defensa de los intereses generales? En definitiva, una modificaci\u00f3n legal como la que se est\u00e1 planteando convertir\u00eda esos informes sectoriales en papel mojado.<\/p>\n La ciudadan\u00eda quedar\u00eda fuera<\/strong><\/p>\n Las organizaciones se\u00f1alan que con la reforma procesal tambi\u00e9n se limitar\u00e1 el que los planes urban\u00edsticos puedan ser recurridos por buena parte de la ciudadan\u00eda. Ese control ciudadano del urbanismo es una m\u00e1xima de nuestro ordenamiento, incluso desde tiempos de la dictadura franquista (la acci\u00f3n p\u00fablica urban\u00edstica la introdujo la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre r\u00e9gimen del suelo y ordenaci\u00f3n urbana como un instrumento para \u201cincentivar la defensa del r\u00e9gimen urban\u00edstico, propiciando su observancia\u201d).<\/p>\n Pero el cambio previsto limitar\u00eda la acci\u00f3n popular a grupos con m\u00e1s de dos a\u00f1os de antig\u00fcedad que cumplan de manera activa sus fines estatutarios de defensa del territorio, el urbanismo o el medio ambiente. De este modo, se impedir\u00e1 participar en estos procedimientos al com\u00fan de los ciudadanos o a las plataformas de oposici\u00f3n a planes o proyectos urban\u00edsticos.<\/p>\n Posibles soluciones<\/strong><\/p>\n Las organizaciones ecologistas reivindicamos que la acci\u00f3n popular contribuya a una mejor administraci\u00f3n de lo p\u00fablico, as\u00ed como que se revise en los tribunales la legalidad en cuanto al fondo y las formas de los instrumentos de planeamiento, garantizando el acierto, transparencia y legalidad del proceso de planificaci\u00f3n y transformaci\u00f3n del territorio.<\/p>\n Por tanto, las organizaciones reclaman a la administraci\u00f3n que se centre en poner las herramientas necesarias para que los ayuntamientos mejoren la calidad de los planes, as\u00ed como de las tramitaciones administrativas para que no incumplan la legislaci\u00f3n vigente. Para ello, no hace falta modificar ninguna ley, solo dotar de manuales, de medios y de acompa\u00f1amiento a las corporaciones locales.<\/p>\n Por otra parte, el Gobierno debe contemplar la posibilidad de no permitir la ejecuci\u00f3n de planes hasta que no est\u00e9n consolidados con el objeto de evitar tanto hechos consumados como inseguridades jur\u00eddicas en caso de una anulaci\u00f3n del plan por un tribunal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana recupera un proyecto legislativo que pondr\u00eda trabas a la acci\u00f3n p\u00fablica en materia urban\u00edstica y blindar\u00eda los planes contra posibles recursos judiciales. 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