El Pleno del Congreso debate este viernes, a partir de las 11:00 horas, la convalidaci\u00f3n o derogaci\u00f3n del Real Decreto-ley 26\/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protecci\u00f3n de la funci\u00f3n social de la vivienda y la ampliaci\u00f3n de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27\/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.<\/p>\n
El primero de los textos, el Real Decreto-ley 26\/2026, incluye medidas como una limitaci\u00f3n temporal de determinadas adquisiciones de vivienda, desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028; un r\u00e9gimen temporal de suspensi\u00f3n de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; el refuerzo de la protecci\u00f3n de las personas arrendatarias; la regulaci\u00f3n de la acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n de gran tenedor; as\u00ed como medidas fiscales y tributarias que afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, al\u00a0 Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.<\/p>\n
Adem\u00e1s, aborda otras materias como el incremento y la protecci\u00f3n del parque p\u00fablico de vivienda, as\u00ed como medidas de fomento de la promoci\u00f3n de vivienda asequible, incluyendo la creaci\u00f3n del Fondo de Vivienda de Impacto Social.<\/p>\n
Por su parte, el Real Decreto-ley 27\/2026 modifica el art\u00edculo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar continuidad a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual m\u00e1s all\u00e1 de su plazo m\u00ednimo.<\/p>\n
De esta manera, llegado el vencimiento del contrato o de cualquiera de sus pr\u00f3rrogas, una vez transcurridos como m\u00ednimo cinco a\u00f1os de duraci\u00f3n, o siete si el arrendador es persona jur\u00eddica, este se prorrogar\u00e1 por plazos sucesivos de la misma duraci\u00f3n, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo. Adem\u00e1s, la norma eleva de cuatro a seis meses el plazo de preaviso del arrendador.<\/p>\n
Con car\u00e1cter general, el arrendador que comunique v\u00e1lidamente su voluntad de no prorrogar el contrato deber\u00e1 indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de caracter\u00edsticas an\u00e1logas, salvo que concurra alguno de los supuestos exceptuados por la norma.<\/p>\n