Las mujeres existen más allá del voto útil: una reflexión feminista radical, abolicionista y basada en el sexo
En cada contienda electoral, las mujeres vuelven a aparecer como cifra, como consigna, como promesa de campaña y como reserva moral de legitimidad. Se nos convoca a votar, a militar, a defender la democracia, a frenar el fascismo, a impedir el retroceso, a sostener la esperanza. Pero cuando los varones llegan al poder, incluso aquellos que se nombran progresistas, las mujeres volvemos a ser desplazadas del centro político. Se habla en nuestro nombre, se administra nuestro sufrimiento, se simbologiza nuestra causa, pero no se garantiza de manera real nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra libertad sexual ni nuestra autonomía material.
Desde el feminismo radical, la pregunta no es simplemente qué partido “incluye” a las mujeres en su discurso, sino qué proyecto político reconoce que las mujeres somos una clase sexual oprimida bajo el patriarcado. Catharine MacKinnon planteó que la igualdad no puede entenderse solo como trato formal ante la ley, sino como una estructura de poder basada en dominación y subordinación; su teoría desplaza el debate desde “igualdad de oportunidades” hacia las condiciones materiales que hacen posible la opresión sexual de las mujeres. Desde esa mirada, un gobierno no es feminista porque nombre la palabra “igualdad”, sino porque enfrenta las instituciones que sostienen la explotación sexual, reproductiva, económica, política y simbólica de las mujeres.
El gobierno de izquierda en Colombia prometió transformación, pero para muchas feministas basadas en el sexo terminó representando una forma especialmente dolorosa de abandono. No porque la derecha fuera una esperanza —nunca lo ha sido para las mujeres—, sino porque la izquierda se presentó como aliada histórica de las oprimidas y, aun así, permitió que las mujeres fueran diluidas dentro de agendas más amplias donde la categoría política “mujer” perdió nitidez. El Ministerio de Igualdad desarrolló programas específicos para población LGBTIQ+ y celebró como logro el CONPES 4147 de 2025, con política pública nacional, respaldo presupuestal, Sistema Nacional LGBTIQ+ y acciones hasta 2035. El problema, desde una lectura feminista radical, no es que existan garantías civiles para otras poblaciones vulnerables; el problema es que la institucionalidad haya sido incapaz de sostener con la misma fuerza una política material, específica y urgente para las mujeres como clase sexual.
Durante el periodo presidencial 2022–2026, el gobierno de Gustavo Petro creó el Ministerio de Igualdad y Equidad y, dentro del Viceministerio de las Mujeres, una Dirección para las Mujeres en «Actividades Sexuales Pagas«. Desde una posición feminista radical y abolicionista, este hecho no puede leerse como un avance neutral ni como una simple ampliación administrativa de derechos. Nombrar institucionalmente las “actividades sexuales pagas” como campo de política pública, sin partir de la abolición de la prostitución, de la persecución del proxenetismo, de la prevención y asistencia de la trata de personas con fines de explotación sexual y de la salida real para las mujeres explotadas en la prostitución, constituye una forma gravísima de normalización estatal de la industria sexual. En un país donde existen tipos penales como la trata de personas con fines de explotación sexual, la inducción a la prostitución, el constreñimiento a la prostitución, el acoso sexual y múltiples formas de violencia sexual, resulta profundamente contradictorio que la respuesta institucional termine acercándose más al reconocimiento del mercado sexual que a su desmantelamiento. Para el feminismo abolicionista, reconocer como “actividad” o “trabajo” aquello que históricamente ha sido una forma de apropiación masculina del cuerpo de las mujeres es uno de los daños políticos más graves que puede cometer un Estado: convertir el delito, la vulnerabilidad y la explotación en lenguaje administrativo.
A esto se suma el borrado jurídico y simbólico de las mujeres en el lenguaje estatal. En distintos discursos institucionales, las mujeres han sido reducidas a fórmulas como “personas gestantes”, “personas lactantes”, “cuerpos gestantes” o “útero portantes”, expresiones que fragmentan nuestra realidad material y sustituyen la palabra mujer por categorías funcionales ligadas a la reproducción. Desde una perspectiva feminista basada en el sexo, esto no es una simple discusión semántica: es un atentado contra la posibilidad de nombrar políticamente la opresión de las mujeres. Si el Estado deja de decir mujeres, también empieza a perder capacidad para registrar la violencia contra mujeres, formular políticas para mujeres, asignar presupuesto para mujeres y reconocer que la explotación sexual y reproductiva tiene una base material: el cuerpo femenino. El borrado del sexo en las políticas públicas no amplía derechos humanos de las mujeres; los debilita, porque impide identificar con precisión quiénes son las sujetas históricas de la subordinación patriarcal.
Las mujeres siguen enfrentando violencias sin registros suficientemente integrados, oportunos y accionables. Medicina Legal advierte que sus cifras corresponden a casos valorados dentro del sistema médico-legal, pero no todos los casos son reportados ni judicializados. La Defensoría del Pueblo ha publicado consolidados sobre feminicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y trata de personas con fines de explotación sexual, lo que confirma que el problema no es marginal ni abstracto: es una crisis sostenida de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Tener boletines no basta si no existen sistemas robustos de prevención, observatorios territoriales vivos, presupuesto ejecutado, rutas reales de atención, protección efectiva y sanción.
El feminismo abolicionista ha advertido durante décadas que la prostitución, la pornografía, la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación reproductiva no son “mercados neutrales”, sino formas de organización criminal y patriarcal del acceso masculino al cuerpo de las mujeres. Andrea Dworkin, en Prostitution and Male Supremacy, cuestionó que la academia pudiera hablar de prostitución desde la comodidad del debate abstracto, mientras las mujeres en prostitución viven una realidad atravesada por violencia, necesidad y riesgo. Kathleen Barry documentó la relación entre prostitución, tráfico internacional de mujeres y esclavitud sexual femenina, situando la explotación sexual como una estructura global de dominación. Sheila Jeffreys, por su parte, sostuvo que distinguir entre prostitución “libre” y prostitución “forzada” suele servir para legitimar sectores de la industria sexual, cuando todos dependen de la subordinación histórica de las mujeres.
Por eso, desde una posición abolicionista, no puede llamarse avance a ninguna política que normalice la compra del acceso sexual a mujeres, la intermediación sobre sus cuerpos o la conversión de su capacidad reproductiva en servicio para terceros. En Colombia, la gestación subrogada sigue atravesada por un vacío normativo que ha llevado a la Corte Constitucional a exhortar al Congreso y al Gobierno a regular integralmente las técnicas de reproducción humana asistida. Desde el feminismo radical, este vacío no es técnico: es político. Allí donde el Estado no protege, el mercado entra; y cuando el mercado entra sobre los cuerpos de las mujeres, la autonomía se vuelve una palabra frágil frente a la pobreza, la desigualdad y el poder adquisitivo de quienes pueden comprar.
Las mujeres no deben ser obligadas, elección tras elección, a usar el voto útil por hombres y partidos que ya demostraron estar contra nosotras. A las mujeres se nos pide votar por “el mal menor”, pero casi nunca se nos ofrece una opción política verdaderamente comprometida con nuestra existencia material. Si gana la ultraderecha, sabemos el riesgo: retroceso en derechos conquistados, retorno de la mujer al hogar, exaltación de la maternidad obligatoria, control sobre la sexualidad, defensa de la familia patriarcal y expulsión simbólica de las mujeres de los espacios de poder. Pero si la izquierda llega al gobierno y borra la categoría mujer, entrega nuestras instituciones a agendas que no parten del sexo y no combate de manera frontal la trata de personas con fines de explotación sexual, la prostitución, la pornografía y la explotación reproductiva, entonces también nos abandona.
La trampa del voto útil consiste en exigirnos obediencia política en nombre del miedo. Nos dicen: “voten por este hombre para que no gane aquel otro”. Nos dicen: “ahora no es momento de dividir”. Nos dicen: “primero derrotemos a la derecha y después hablamos de las mujeres”. Pero ese “después” nunca llega. Las mujeres votan, sostienen campañas, ponen el cuerpo, defienden causas, marchan, cuidan, organizan, denuncian y luego son relegadas. La Ley 2453 de 2025 reconoce expresamente la violencia contra las mujeres en política y busca prevenir, atender y sancionar las conductas que limiten su participación pública, incluyendo violencia simbólica, digital, económica, física, sexual y psicológica. Esa ley confirma algo central: incluso en democracia, la participación política de las mujeres ocurre bajo amenaza patriarcal.
En 2026, el criterio feminista no puede ser negociable. No basta con preguntarle a un candidato si apoya “la igualdad”. Hay que preguntarle si reconoce a las mujeres como categoría política basada en el sexo; si defiende espacios, datos, políticas y presupuestos específicos para mujeres y niñas; si se opone a la trata de personas con fines de explotación sexual; si rechaza la mercantilización reproductiva; si garantiza salud, justicia y protección sin borrar el sexo como variable material; si entiende que los derechos humanos de las mujeres basados en el sexo no son un subcapítulo de la diversidad ni una moneda de cambio electoral.
Desde esta reflexión, no hay partido que represente plenamente a las mujeres en Colombia en 2026. Hay partidos que pueden ser más o menos peligrosos, más o menos regresivos, más o menos útiles en una coyuntura; pero utilidad táctica no es representación política. Las mujeres no estamos obligadas a entregar nuestro voto, nuestra voz ni nuestra agenda a varones que solo nos reconocen cuando necesitan ganar. El feminismo radical recuerda que la política de las mujeres no puede depender de la benevolencia masculina, ni de la derecha que nos quiere subordinadas, ni de la izquierda que nos diluye cuando llega al poder.
A esta reflexión también debemos sumar que nuestra lucha no se agota en una sola forma de opresión. El horizonte político del feminismo radical y abolicionista es la abolición de todas las formas de explotación contra las mujeres: la explotación sexual, la explotación reproductiva, la precarización laboral, la pobreza feminizada, la exclusión educativa, la violencia institucional y el abandono histórico de las mujeres mayores. No podemos pensar la libertad de las mujeres sin mirar también a las estudiantes, a las trabajadoras, a las campesinas, indígenas, afrodescendientes, mujeres en condiciones de discapacidad, a las cuidadoras no remuneradas, a las mujeres rurales que sostienen la vida en los territorios y a las mujeres de la tercera edad que durante décadas trabajaron, cuidaron y produjeron sin acceder a garantías pensionales dignas. Defender la vida de las mujeres exige reconocer que nuestros cuerpos no son mercancía, pero también que nuestras condiciones materiales importan: el acceso a la tierra, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la vejez protegida y a territorios libres de despojo. Por eso, una política feminista basada en el sexo no puede separarse de la defensa del agua, los páramos, la naturaleza y las comunidades que dependen de ellos, porque allí donde se destruye la vida, las primeras en cargar el costo suelen ser las mujeres.
Las mujeres sí existimos. Existimos antes del tarjetón, durante la campaña y después de la posesión presidencial. Existimos como niñas explotadas, como madres empobrecidas, como mujeres desaparecidas, como víctimas de violencia sexual, como defensoras perseguidas, como trabajadoras precarizadas, como cuerpos convertidos en mercancía, como ciudadanas sin partido propio. Y precisamente porque existimos, no debemos seguir aceptando que nuestra supervivencia sea reducida al cálculo del mal menor. La política feminista no puede seguir siendo una reacción al poder masculino: debe ser una ruptura con él.
Alejandra Vera
Abogada defensora de los DDHH de las mujeres
