“Antipunitivismo para delitos sexuales, cursillos de reinserción para maltratadores, medidas de libertad vigilada para pedófilos y pederastas. Pero Antipunitivismo excluido de cualquier delito de tipo económico”.
Nadie serio podría imaginar que un partido político, cualquier aspirante a cargo público o la más básica de las normas de convivencia defendiera que se redujeran las penas de cárcel o cualquier otra sanción penal de los delitos contra la propiedad.
Ninguna persona que pretenda ser tratada como cuerda saldría a la palestra a abogar por que lo que en realidad hay que hacer con los manguis es rebajar sus penas, hacerles hacer un cursillo exprés de veinte horas sobre el sacrosanto derecho a la propiedad privada, y circulando a la calle, porque somos todos súper progres y eso es lo que se amerita en una sociedad progre.
No, en absoluto. Jamás nunca nadie ha propuesto ni propondrá un tratamiento “antipunitivista” para los amigos de lo ajeno, en ningún lugar. Excepto Pedro Sánchez y su rebaja del delito de malversación, pero en ese caso se explica porque como el dinero churrimangado no es suyo, pues al final, tanto da. Pero ese no es el tema de hoy.
Lo de hoy es fijarnos en qué derechos sí son susceptibles de padecer esta corriente posmoderna e infame conocida como Antipunitivismo.
Hay que darse cuenta que de manera indefectible, siempre que se intenta introducir el mantra anti castigo va siempre asociado a un tipo de derecho muy determinado con un tipo de víctima muy concreto.
Antipunitivismo para delitos sexuales, cursillos de reinserción para maltratadores, medidas de libertad vigilada para pedófilos y pederastas. Antipunitivismo al fin y al cabo para debilitar los derechos de las personas más vulnerables que son, precisamente, quienes más necesitan de la protección del derecho penal del estado.
Antipunitivismo, por el contrario, excluido de cualquier delito de tipo económico. Y ahora, los datos.
Según el último informe de la Fiscalía General del Estado, la violencia sexual ha aumentado un 60%. De esas víctimas, más del 80% son mujeres, pero lo más importante, el 97% de los agresores son hombres, es decir, que hasta las menos veces, cuando la víctima es un hombre el agresor también lo es.
Ahora los otros datos. Sólo el 24% de las mujeres en el mundo son propietarias, ya sea de vivienda o de tierra. Y estas últimas sólo representan el 4% de las propiedades mundiales. En cuanto al poder económico, la diferencia entre el dinero líquido disponible entre lo que tiene un hombre y una mujer es de un 30% aproximadamente menos para las mujeres haciendo una media global. Ya así podría dar una retahíla de datos empíricos sólo para comprobar que los principales perjudicados de los delitos económicos, contra la propiedad o simples robos son los hombres, por el obvio hecho de son ellos los propietarios, y sólo se puede violentar la propiedad a quien la posee.
Por tanto, la corriente antipunitivista sólo busca facilitar la comisión de determinados delitos de los que en su inmensa mayoría son víctimas las mujeres y victimarios los hombres. Por eso ni se piensa en asociar el Antipunitivismo a cualquier delito relacionado con el dinero. Porque el dinero es de los hombres y por ello ese sí es un bien jurídico susceptible de proteger y no la libertad y seguridad de las mujeres y las niñas, que cuanto más expuesta esté mejor para violadores, maltratadores y pedófilos.
Me pregunto si el caso de Conde-Pumpido Jr. hubiera sido tratado con la misma ligereza si la víctima, en lugar de una agresión sexual grupal hubiera denunciado el robo de un reloj de alta gama, por ejemplo, que ella hubiera llevado. Pero las mujeres no tienen de eso. Por tanto, Antipunitivismo rosa.