En los últimos cinco años ha habido una incidencia nuclear en España cada 11 días

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En los últimos cinco años ha habido una incidencia nuclear en España cada 11 días
  • Según un nuevo informe, las centrales nucleares españolas acumulan 164 sucesos en los cinco años transcurridos desde el acuerdo de cierre. Los dos últimos años son los que acumulan más problemas, sobre todo en los reactores de Ascó.
  • Ante los últimos movimientos del lobby nuclear, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, vuelve a reclamar el cierre de las centrales nucleares.
  • El MIA recuerda que el envejecimiento de las centrales nucleares se hace cada día más costoso y eleva el riesgo.

El informe ‘Incidentes y sucesos en las centrales nucleares españolas, 2019-2023’ muestra que fallos de funcionamiento y errores de mantenimiento que las centrales nucleares han notificado al Consejo de Seguridad Nuclear suman 164 sucesos en cinco años, una media de uno cada 11 días. Ascó II es la central con más incidencias (33), seguida de Ascó I (30), Cofrentes (28) y Vandellós II (26). La mayoría se han calificado como INES-0, pero diez fallos se consideraron de mayor gravedad y se calificaron de nivel INES-1. La central de Vandellós II destaca con cuatro INES-1, seguida de Trillo con tres. Como referencia, el incendio de Vandellós I en 1989, el accidente más grave en el Estado español, se consideró INES-3.

Habitualmente los fallos que más preocupan a la opinión pública son los que obligan parar a la central. En estos cinco años, 37 sucesos impidieron la producción eléctrica del reactor durante periodos que llegaron a durar días. Ascó I es, con gran diferencia, la que ha tenido que parar más veces de modo inesperado. También es la central, junto con Vandellós II, con más problemas del sistema de refrigeración de componentes nucleares, la refrigeración de los sistemas de seguridad del núcleo.

Vandellós II es también la central con más sucesos relacionados con la conexión a la red eléctrica general, bien por problemas en el parque eléctrico o por inestabilidad de la red exterior, debidas a oscilaciones de la red o a tormentas. Por otra parte, son muy frecuentes los fallos relacionados con el equipamiento de sensores en Ascó I y II y Cofrentes. Se trata de instrumentación para controlar la operación de la central, también los problemas con válvulas de los sistemas auxiliares de refrigeración del reactor o de sistemas de expulsión de gases.

Existe asimismo un alto número de incumplimientos de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), los documentos que establecen toda una serie de pruebas y restricciones de funcionamiento para evitar que se pueda funcionar si los sistemas de seguridad no están plenamente disponibles. Sin embargo, no siempre se cumplen en las centrales ni el CSN es siempre lo inflexible que debería ser en este tema.

De cumplirse con el calendario de cierre pactado por las eléctricas y el gobierno, todavía quedan 11 años de convivir con el riesgo de las centrales nucleares. La revisión de incidentes y fallos muestra que, mientras sigan en funcionamiento, no puede relajarse la  vigilancia y la atención pública sobre ellas por el riesgo que suponen. El envejecimiento de las centrales nucleares que superan los 40 años ha provocado el deterioro de numerosos sistemas e incrementado el riesgo. La inflexibilidad de estas energías, la extracción del uranio, los enormes costes y la peligrosidad de sus residuos radiactivos la hacen incompatible con la descarbonización de la economía.

En cuanto a estos residuos, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, vuelve a señalar lo insuficiente de un plan de gestión que deja para más allá de 2070 un almacenamiento definitivo. Mientras tanto, se seguirán acumulando los residuos de alta actividad radiactiva en el entorno de las centrales nucleares. Así, frente a los intentos de la industria nuclear de seguir manteniendo su actividad, y lo que es más importante, evitar pagar por la gestión de los residuos nucleares que han generado, el MIA sigue exigiendo el cierre de estas centrales, que se acelere el desarrollo de una solución definitiva en un emplazamiento viable y que sean las empresas propietarias, y no la ciudadanía, quienes asuman los costes.

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