Las leyes de asilo y extranjería encubren la voluntad del Gobierno de perseguir y limitar los derechos de las personas que buscan protección internacional
- El anteproyecto de Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería refuerzan una política migratoria centrada en el control fronterizo, la privación de libertad y las expulsiones, y debilitan aún más el marco del sistema de protección.
- Ecologistas en Acción reivindica la construcción de sociedades equitativas y justas, donde todas las personas puedan vivir dignamente en sus lugares de origen y, al mismo tiempo, se garantice el derecho a migrar.
La organización ecologista denuncia que tanto el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo como la modificación de la Ley de Extranjería no representan una mera adaptación de la normativa al Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino que incorporan políticas más restrictivas que las que obliga la UE, poniendo en jaque toda la política de derechos humanos dirigida a la población migrante y solicitante de asilo.
Ambos instrumentos legales aplican medidas regresivas que se han demostrado fracasadas, además de privar de la adecuada protección a personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los listados nacionales de países seguros, las excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, la desaparición de las razones humanitarias de la legislación de asilo, la ampliación de los periodos de privación de libertad, y los mayores obstáculos para la reagrupación familiar de las personas refugiadas son medidas que dejan en desprotección a quienes sufren persecución por sus opiniones políticas, pertenencia étnica, orientación sexual o identidad de género.
Para Ecologistas en Acción, no se debe utilizar la crisis humanitaria provocada por la llegada de miles de personas a Ceuta como excusa para imponer un recorte brutal a los derechos de las personas migrantes, independientemente de si son solicitantes de asilo o no, ya que todas las personas deberían tener derecho a migrar. Por ello, la organización ecologista exige que esta contrarreforma desaparezca.
Además, reitera que existe una continuidad entre el sistema económico que expolia bienes comunes naturales de los países del Sur global y el modelo de control migratorio que gestiona las consecuencias sociales del primero, restringiendo la movilidad de las personas que se ven forzadas a desplazarse.
Y concluye: “Reivindicamos la construcción de un mundo equitativo en el que todas las personas tengan derecho a permanecer en sus territorios y puedan vivir dignamente en sus lugares de origen y, al mismo tiempo, se garantice el derecho a migrar mediante vías dignas y seguras de acceso a la protección internacional”.
