En España existe una verdad incómoda que el Estado sigue evitando mirar de frente: a las mujeres no nos matan solo nuestras parejas o exparejas. Nos matan hombres. Y nos matan por ser mujeres.
La Ley Orgánica 1/2004 fue un avance histórico. Nombró por primera vez una violencia que durante décadas había sido relegada al ámbito privado. Pero veinte años después, esa misma ley muestra sus límites. No porque esté equivocada en su origen, sino porque la realidad la ha desbordado. Y cuando una ley deja fuera una parte sustancial de la violencia que pretende combatir, deja también fuera a las mujeres que la sufren.
Hoy seguimos contando asesinatos de mujeres cometidos por hombres que no fueron sus parejas: desconocidos, vecinos, familiares, puteros. Asesinatos que no entran en las estadísticas oficiales de violencia de género. Asesinatos que no activan los mismos mecanismos de prevención, protección ni responsabilidad institucional. Asesinatos que el Estado sigue nombrando como otra cosa, como si el sexo de la víctima y la motivación misógina fueran detalles secundarios.
No lo son.
Reducir la violencia de género al ámbito de la pareja transmite una idea profundamente errónea: que el problema es el conflicto íntimo y no la desigualdad estructural. Que la misoginia solo se manifiesta en relaciones afectivas. Que fuera de ese marco, la violencia pierde su dimensión política. Nada más lejos de la realidad.
La violencia contra las mujeres opera en lo doméstico, pero también en lo público. En la calle, en el trabajo, en contextos de explotación, en espacios donde los hombres ejercen violencia desde la convicción de que los cuerpos de las mujeres son disponibles, corregibles o castigables. Cambia el escenario, pero no el sistema que la sostiene.
Por eso, veinte años después, no revisar la ley ya no es una opción responsable.
Y cuando hablamos de revisión, no hablamos de una demanda individual ni de una consigna vaga. Hablamos del movimiento feminista organizado: asociaciones de mujeres, entidades sociales, colectivos de base, partidos feministas, grupos de mujeres que llevan años sosteniendo acompañamiento, análisis y denuncia. Hablamos de una red política y social que conoce la ley, que conoce sus límites y que sabe que mejorarla no es un capricho, sino una necesidad.
Revisar la ley no significa desmantelarla. Significa fortalecerla. Significa reconocer que el criterio de la relación no puede seguir siendo el límite para nombrar la violencia machista. Significa asumir que una democracia no puede permitirse una protección parcial de la mitad de la población.
Este no es un debate técnico, es un debate político. Y como tal, exige algo más que declaraciones simbólicas. Exige propuestas concretas, exige que los partidos se posicionen y exige que el movimiento feminista —en toda su diversidad organizada— vuelva a ocupar el espacio que le corresponde como sujeto político activo.
Existen mecanismos democráticos para hacerlo. Existen vías para llevar una propuesta de modificación legal al Congreso de los Diputados, para forzar el debate parlamentario, para obligar a quienes legislan a decir con claridad si están dispuestos a reconocer toda la violencia contra las mujeres o si prefieren seguir administrando una ley incompleta.
Conseguir firmas, construir una Iniciativa Legislativa Popular, presentar una propuesta jurídica sólida, señalar públicamente los bloqueos. Todo eso forma parte de un mismo camino. No desde la improvisación, sino desde la convicción de que sabemos lo que hay que mejorar y sabemos cómo hacerlo.
Se acerca el 8 de marzo. Y el 8M no puede ser solo una fecha para recordar lo que ya se conquistó. Tiene que ser un momento de impulso, de articulación y de exigencia política. Un recordatorio de que el feminismo sigue vivo porque no se conforma, porque revisa sus propias conquistas y porque no acepta que ninguna ley quede intacta mientras las mujeres siguen siendo asesinadas.
El feminismo está vivo cuando no se limita a resistir.
Cuando propone, organiza y avanza.
Cuando entiende que las leyes no son monumentos, sino herramientas.
Sabemos que la ley necesita una mejora.
Sabemos por qué.
Sabemos para quién.
Entonces, vayamos a por ello.
Por: Mayca Romero Sánchez de la Campa – Activista feminista radical
