Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reiteran su rechazo al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar por sus riesgos ambientales
- Casi 30 años después de la mayor catástrofe ecológica en Andalucía provocada por la mina de Boliden en Aznalcóllar, la ciudadanía sale a la calle para denunciar la contaminación procedente de la mina de Cobre de las Cruces en el río Guadalquivir.
- En este aniversario, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF muestran su apoyo a las reivindicaciones de la población.
El pasado sábado, 25 de abril, se cumplieron 28 años de la mayor catástrofe ambiental de Andalucía hasta la fecha, provocada por la rotura en 1998 de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que contaminó la cuenca del río Guadiamar y puso en riesgo extremo al Parque de Doñana.
El próximo 9 de mayo, cofradías de pescadores, asociaciones de comerciantes, y ciudadanía en general de poblaciones ribereñas del estuario del Guadalquivir, junto con organizaciones ecologistas, se manifestarán frente a la desembocadura del Guadalquivir y las costas de Doñana para denunciar la contaminación que los vertidos mineros han provocado en el río desde 2009 hasta 2023, por parte de la mina de Cobre Las Cruces.
Y especialmente se manifestarán contra los nuevos vertidos tóxicos autorizados para los proyectos de reapertura de la Mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, y la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla).
En esa manifestación se exigirá a la Junta de Andalucía una moratoria para futuros vertidos y la creación de un Comité de Expertos independientes que se pronuncie sobre la contaminación por metales pesados en el río Guadalquivir como resultado de los vertidos mineros, tal como ya exigieron en abril de 2024 varios alcaldes y alcaldesas de poblaciones ribereñas, representantes de agricultores, pescadores y mariscadores, así como asociaciones de consumidores y consumidoras y las mareas blancas de defensa de la salud, unidos a científicos y científicas y al Defensor del Pueblo Andaluz.
Asimismo, las organizaciones ecologistas exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no otorgue la concesión de aguas que permitiría a la empresa Minera Los Frailes vaciar las aguas contaminadas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes, cuyo destino final es la Zona de Especial Conservación del estuario del Guadalquivir, con punto de vertido frente al estadio de La Cartuja, en Sevilla.
Las jornadas científicas ‘El Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros’, celebradas en junio de 2024 en la Universidad de Sevilla, advirtieron sobre los riesgos ambientales de los vertidos de metales pesados de las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar. Expertos científicos solicitaron paralizar las autorizaciones de vertidos, basándose en estudios que cuestionan la seguridad ambiental y exigen un comité técnico independiente.
Sin embargo, en julio de 2024 la Consejería competente otorgó la autorización ambiental al proyecto de mina subterránea de Minera Los Frailes, incluyendo un vertido tóxico preoperacional de 17.520 millones de litros de aguas ácidas con alto contenido en metales pesados, procedentes de las cortas de Aznalcóllar y Los Frailes, abandonadas desde 2001. Este vaciado se pretende realizar en tan sólo 18 meses (más de 30 millones de litros diarios). También se autorizó un vertido de 68.000 millones de litros durante un periodo operativo de 17 años, una vez que concluya el vaciado preoperacional. En mayo de 2025, la Dirección General de Minas otorgó la autorización minera, incluyendo una planta industrial de obtención de concentrados de zinc, cobre y plomo.
Las organizaciones ecologistas denuncian, apoyándose en estudios de científicos realizados en las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que la autorización ambiental del proyecto no ha tenido en cuenta la totalidad de los impactos ambientales y socioeconómicos de la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir, incluidas en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana.
Este vertido contaminaría seriamente el río con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio, desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando gravemente los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir, lo que además pondría en riesgo la salud de las personas que consuman estos productos.
Ni el proyecto de la empresa minera ni las autoridades ambientales han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de estos nuevos vertidos con los anteriores vertidos en la misma zona. Así, no se ha contemplado el efecto combinado de los vertidos que la mina de Cobre las Cruces ha estado produciendo en la misma área entre 2009 y 2023, cuya ecotoxicidad ya ha sido acreditada. La reapertura de esta mina ya ha recibido autorización para nuevos vertidos mineros durante los próximos 14 años de explotación subterránea.
Los efectos acumulativos de estos vertidos tampoco se han tenido en cuenta a pesar de producirse en la misma Zona de Especial Conservación (ZEC), lo que incumpliría el contenido mínimo legalmente establecido para un Estudio de Impacto Ambiental. Las evaluaciones de impacto han ignorado además el complejo contexto hidrodinámico y fisicoquímico del Estuario del Guadalquivir., por lo que se recomienda, en aplicación
del principio de precaución y el principio de no-deterioro de la Directiva Marco de Agua, no realizar nuevos vertidos mineros a esta zona protegida.
Según las organizaciones ecologistas, la Junta de Andalucía no ha evaluado asimismo la afección medioambiental del vertido tóxico en Doñana, y ha impedido que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se pronunciase sobre el impacto del proyecto sobre el espacio, como es preceptivo legalmente.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las organizaciones ecologistas demandan:
- La suspensión provisional de la tramitación de la concesión de aguas actualmente en trámite por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en consonancia con los principios de precaución y cautela.
- La creación de una Comisión de Expertos técnicos y científicos independientes, siguiendo la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela.
- Un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la posible incidencia de los vertidos previstos en el cumplimiento de los objetivos para 2027 del buen estado de las aguas del Estuario del Guadalquivir acordados con la Unión Europea, también en consonancia con lo solicitado por el Defensor del Pueblo Andaluz.
