¿Quién abrió las puertas al lobby proxeneta de la universidad española entre 2019-2024?
Entrega I :
El fin del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y el mapa de la infamia académica que financió el neoliberalismo sexual.
Por Mayca Romero Sánchez de la Campa
Feminista radical, activista en Cádiz Abolicionista
Leí el comunicado del cierre definitivo del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Cerré el ordenador. Durante unos minutos no pensé en su texto. Pensé en todos estos años. En las noches escribiendo contra-comunicados después del trabajo, en los viajes improvisados, en las reuniones y en los enfrentamientos directos en la provincia de Cádiz. Pensé en las compañeras que, sin conocernos todavía, estaban haciendo exactamente lo mismo en otra ciudad.
El cierre de la asociación cofundada por María José Barrera no cierra una historia. Me obliga a empezar a contarla. No escribo como periodista; escribo como feminista activista que ha estado en la trinchera. No voy a fingir una neutralidad que no tengo, pero tampoco voy a escribir un simple ajuste de cuentas. Voy a reconstruir, documento a documento, una red de infiltración institucional que el lobby regulacionista tejió por toda España.
Durante años creíamos que el feminismo había dejado atrás la idea de presentar la prostitución como un «trabajo». Por eso el impacto fue tan grande cuando el concepto «trabajo sexual» empezó a colonizar universidades, jornadas y centros educativos públicos. No fue una evolución espontánea; fue una operación de blanqueamiento perfectamente orquestada.
La farsa del «debate» y el secuestro del lenguaje
Para justificar la entrada de colectivos regulacionistas en las aulas, ciertos sectores académicos acuñaron lemas bien sonantes como «Universidades sin censura» o «Aulas libres». Nos acusaron a las abolicionistas de «censoras» y «putofobas». Pero aquello no era un debate: era una trampa.
Cuando un programa universitario financiado con dinero público acepta sustituir la palabra prostitution por el término ideológico trabajo sexual, el debate nace viciado, arrodillado ante el mercado. Al llamarlo «trabajo», automáticamente transforman al proxeneta en un «empresario», al putero en un «cliente» y a la violencia sexual en «condiciones laborales a mejorar». Utilizaron la coartada de la libertad de cátedra para legitimar la mercantilización de los cuerpos de las mujeres más vulnerables ante las nuevas generaciones.
Una imposición de despacho, no una demanda de las aulas
Hay un dato demoledor que la documentación de mi investigación empieza a arrojar: esta colonización ideológica jamás nació de una inquietud o demanda del alumnado. Los estudiantes no pedían que se normalizara la mercantilización de los cuerpos. Esto fue una estrategia calculada de arriba abajo por una élite del profesorado.
Fueron catedráticos con despachos blindados quienes decidieron utilizar su posición de poder para preparar el futuro a su medida. Diseñaron estos falsos debates sobre «trabajo sexual» desde mi parecer con una clara intencionalidad: adoctrinar a las nuevas promociones de estudiantes de Derecho y Criminología y otras ramas. Estaban moldeando las mentes de quienes mañana serán los jueces, fiscales, legisladores y policías de este país, para que cuando tengan que aplicar las leyes, miren la explotación sexual no como una violencia patriarcal, sino como un simple contrato laboral con condiciones a mejorar. Fue una operación de ingeniería jurídica desde las cátedras para desactivar el abolicionismo del mañana.
Mientras nosotras luchábamos con todo en contra —sin estructuras, sin presupuestos, robándole horas al sueño y a la vida de clase trabajadora—, ellos utilizaban los recursos de la educación pública para financiar altavoces a la industria del sexo. Nos enfrentamos a David contra Goliat, pero con la certeza de estar en el único lado correcto de la historia: el que defiende que los derechos humanos de las mujeres no se alquilan, no se compran y no se negocian. El abolicionismo no es una opinión punitiva; es la línea roja que separa la dignidad humana de la barbarie neoliberal.
El mapa del lobby: Nombres y apellidos
En julio de 2022, acorraladas por la propuesta de ley contra el proxenetismo que se tramitaba en el Congreso, estas organizaciones —con el apoyo de la APDHA— lanzaron una web para recoger firmas a través del manifiesto de la red Voces Feministas por los Derechos. No eran dos activistas aisladas en Sevilla; era una red estatal.
Tengo los documentos y tengo la lista. Es pública hasta ahora. Catedráticos y profesores de toda España estamparon su firma para avalar el relato regulacionista y presentarlo ante los rectorados como «conocimiento experto». Figuras históricas del Derecho Penal como Francisco Muñoz Conde (Universidad de Sevilla) o Mª Luisa Maqueda Abreu (Universidad de Granada) usaron su autoridad institucional para blindar las tesis que debilitan la persecución del proxenetismo.
Y no solo ocurrió en Sevilla o Granada. El mapa de la infamia abarca a la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universidad de Oviedo o la de Zaragoza. Incluso en mi propia tierra, mientras desde Cádiz Abolicionista nos dejábamos la piel en la calle para frenar charlas del colectivo de Barrera ante menores en institutos como el IES San Severiano, el mismísimo Profesor Emérito de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, Juan M. Terradillos Basoco, firmaba el manifiesto de apoyo a las tesis regulacionistas.
Comienza la investigación
En su comunicado de despedida, el colectivo de Sevilla se va hablando de «Orgullo Puta» y «Zorroridad». Pero las consignas performativas no sostienen la cruda realidad material de la explotación. Su disolución no es un cese voluntario por cansancio o incomprensión; es el fracaso político de un relato que se desmorona cuando el feminismo abolicionista y radical le planta cara con la verdad material por delante.
Dejaron de centrarse en las ideas para convertirnos a las abolicionistas en el objeto de sus descalificaciones. Por eso dejé de guardar únicamente recuerdos y empecé a guardar programas universitarios, carteles, actas, nombres y presupuestos. Las asociaciones pueden desaparecer, las campañas terminan y los gobiernos cambian, pero las ideas permanecen. Y también permanece la responsabilidad de comprender cómo el neoliberalismo sexual llegó a colonizar la educación pública.
Esta es la Entrega I de un mapa completo. En las próximas entregas responderé, documento a documento, a la pregunta que la academia andaluza y estatal pretendía esconder:
¿Quién abrió aquellas puertas?
