Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción rechazan los nuevos proyectos mineros estratégicos aprobados por la UE
- El proyecto de minería de Cobre San Rafael S.L en A Coruña y la mina de wolframio de Abenójar en Ciudad Real han sido seleccionados en esta segunda ronda por la Comisión Europea, en un proceso rodeado de nuevo por la opacidad y la falta de participación pública.
- Las organizaciones denuncian que los proyectos seleccionados presentan numerosas irregularidades y riesgos ambientales y sociales y su consideración como estratégicos implica tramitaciones exprés que pueden eximir de la obligación de no causar impactos negativos.
- Estos proyectos se suman a los seis proyectos mineros estratégicos para la Comisión Europea que ya existían en España, apuntándola como zona de sacrificio.
- Las organizaciones señalan que la Comisión sigue apostando por la extracción de materias primas pese a los graves impactos ambientales y sociales cuando deberían priorizar la reducción de la demanda y el reciclaje de metales.
La Comisión Europea ha publicado hoy la segunda lista de “proyectos estratégicos” bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales. En España se ha seleccionado el proyecto de reapertura y expansión de la mina de cobre de Touro-O Pino, promovido por Cobre San Rafael, filial de la multinacional Atalaya Mining y ubicado a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. Asimismo, ha incluido en la lista la planta de procesamiento del proyecto de mina de wolframio de El Moto, en Ciudad Real, que ya recibió el estatus de estratégico en la anterior selección.
Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción denuncian que, una vez más, la Comisión Europea, con apoyo del Gobierno de España, haya seleccionado proyectos con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales y sociales. En el caso de la mina de cobre Touro-O Pino, se trata de la reapertura de una mina que fue abandonada en 1987 sin restaurar el terreno y que lleva décadas contaminando la cuenca fluvial del Río Ulla y causando daños en la salud de la población.
Plataformas vecinales denuncian además que los intentos de reabrir la mina han causado desde 2017 numerosos impactos, tales como contaminación del aire, el suelo y el agua con metales pesados, la contaminación continua del Río Ulla y daños a tramos históricos del Camino de Santiago. Tras la alegación de estos impactos por parte de la sociedad civil, en 2021 la Xunta denegó el permiso para la reapertura otorgando una DIA negativa, tras lo cual la empresa presentó en 2024 un segundo proyecto que, según las plataformas vecinales, no despeja los interrogantes del anterior.
“De nuevo, los gobiernos están pisoteando los derechos de las poblaciones y los ecosistemas priorizando proyectos mineros con alto impacto ambiental y escaso valor social” ha lamentado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales de Amigas de la Tierra. “Ya ni siquiera intentan ocultar que el principal destino de estos metales es el rearme europeo”, denuncia la portavoz, que destaca que cobre y wolframio son dos metales considerados de criticidad alta para la industria militar.
Las entidades denuncian que, tal y como ocurrió en la primera ronda en 2025, el proceso de selección ha estado rodeado de opacidad y falta de participación por parte del Gobierno de España y la Comisión Europea. Esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones.
“A pesar de las advertencias reiteradas, se ha atribuido la consideración de estratégicos a proyectos cuyos perjuicios previos y potenciales son evidentes, e incluso han sido objeto de sanciones y procesos judiciales”, explica Isabel García, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción. Las organizaciones lamentan además que el Gobierno no haya utilizado su capacidad de veto para excluir proyectos que nunca tendrían que haber estado sobre la mesa con esos antecedentes.
Estos dos proyectos se suman a los seis proyectos mineros seleccionados por la Comisión Europea en 2025, lo que profundiza en la condición de la Península Ibérica como “zona de sacrificio” en la cadena de minerales dentro de la Unión Europea.
Tramitación exprés y riesgos para la biodiversidad
La tramitación acelerada de permisos que la legislación otorga a los “proyectos estratégicos” impide una participación efectiva de las poblaciones locales. Estos proyectos también tendrán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales y recibirán ayuda de la Comisión Europea para obtener financiación.
Otro aspecto muy preocupante es que los proyectos seleccionados podrán considerarse “de interés público superior”, debilitando la aplicación de normas ambientales como la Directiva Hábitats, la Directiva Marco del Agua o la de Aves. Hay que tener en cuenta que una parte principal de los yacimientos de los llamados “minerales críticos” se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección especial como la Red Natura 2000.
Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción demandan, con carácter inmediato, una revisión de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ningún proyecto con malas prácticas ambientales y sociales, ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros espacios que gocen de una protección incompatible con las actividades extractivas. Asimismo, recalcan que es imprescindible un giro de 180º en las políticas sobre materias primas minerales de forma que se priorice la reducción de la demanda y el reciclaje de metales, y que se ponga en el centro de la toma de decisiones el bienestar de la población y la naturaleza.
