El TSJ de Extremadura admite a trámite el recurso de Ecologistas en Acción contra el megacentro de datos de Merlin Edged en Navalmoral de la Mata
- La organización ecologista cuestiona la declaración PREMIA otorgada al proyecto, que reduce a la mitad los plazos administrativos ordinarios para su tramitación.
- Ecologistas en Acción de Extremadura también ha presentado recientemente alegaciones a sus autorizaciones ambientales integradas y a su evaluación ambiental.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra el Decreto 92/2026, de 12 de mayo, por el que la Junta de Extremadura declaró Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) a la iniciativa presentada por la empresa Merlin Edged, SL, para la construcción de un centro de procesamiento de datos en el término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres).
La calificación como PREMIA, figura recogida en la Ley 5/2022, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa, otorga a la tramitación del proyecto carácter prioritario y urgente, reduciendo a la mitad los plazos ordinarios. Para Ecologistas en Acción, esta aceleración administrativa resulta incompatible con el análisis riguroso que exige un proyecto de esta envergadura.
Entre las cuestiones que el expediente no resuelve de forma satisfactoria figura la afección a los cauces que atraviesan la parcela, la disponibilidad y el consumo real de agua, el ruido, el calor residual y el riesgo tecnológico asociado al almacenamiento masivo de gasóleo.
La organización ecologista advierte, además, de que el enorme consumo energético que llevan asociados los centros de procesamiento de datos pone en riesgo el esfuerzo colectivo realizado durante los últimos años en la transición energética. Instalaciones como la proyectada en Navalmoral de la Mata disparan la demanda eléctrica de forma tan intensa que amenazan con absorber, en beneficio de un uso intensivo y privado, buena parte de la energía renovable generada en la región, en lugar de contribuir a sustituir fuentes fósiles en el conjunto del sistema.
El proyecto del centro de datos, en cifras
La primera fase del proyecto estima una potencia instalada de 288 MW, aunque aspira a ampliarse progresivamente a una potencia total de unos 1.500 MW. Se convierte así en el centro de datos más grande proyectado en España y uno de los más grandes del sur de Europa. Su consumo, estimado en la primera fase de 1.131 GWh/año, podría elevarse a 5.890 GWh/año, un consumo eléctrico superior al de toda Extremadura.
Según investigadores del CSIC y la UNIZAR, la alimentación del proyecto en todas sus fases llegaría a requerir la ocupación de entre 14.300 y 29.700 hectáreas de suelos con parques renovables, lo que supondría cubrir entre el 0,3 y el 0,7 % de toda la superficie extremeña con placas solares y, en menor medida, turbinas eólicas, solo para alimentar un centro de datos.
Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción en este procedimiento, ha señalado: «Esta admisión a trámite es el pistoletazo de salida de un procedimiento en el que vamos a demostrar la ilegalidad de la designación de este proyecto como PREMIA: la Junta ha utilizado una figura pensada para agilizar trámites ordinarios para blindar, frente a un control ambiental riguroso, un proyecto cuya envergadura e impacto exigen justamente lo contrario».
Pep Hurtado, también letrado interviniente en el recurso, ha añadido: «El papel de la Junta de Extremadura no puede ser el de extender la alfombra roja a proyectos depredadores de recursos, poniendo la maquinaria administrativa a su servicio y recortando los plazos de control que existen precisamente para proteger el territorio, el agua y la energía de toda la ciudadanía».
Julio Cesar Pintos, portavoz de Ecologistas en Acción, ha concluído: «Este recurso es una muestra más de que la ciudadanía extremeña no está dispuesta a que su territorio, su agua y su energía se conviertan en materia prima barata para negocios ajenos a sus intereses: no vamos a permitir que se sacrifique el medio ambiente en nombre de un modelo de desarrollo que solo beneficia a unos pocos».
Un rechazo que crece en todo el Estado español
La oposición a la proliferación de centros de datos no es un fenómeno aislado de Extremadura. En los últimos meses, plataformas y movimientos vecinales de comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha han tejido lazos con organizaciones extremeñas para compartir estrategias jurídicas y sociales frente a este tipo de infraestructuras, cuyo impacto en el territorio, el agua y la energía empieza a generar un rechazo creciente entre la ciudadanía.
Con la admisión de este recurso, Ecologistas en Acción confía en que la Sala revise en profundidad tanto la legalidad de la declaración PREMIA como las carencias ambientales denunciadas durante la tramitación del proyecto.
