La convivencia con la droga no es inevitable ni casual. Es el resultado de cómo se organizan la desigualdad, el abandono y la forma en que decidimos mirar —o no mirar— determinadas realidades.
Hay realidades que no desaparecen: se vuelven habituales.
La droga es una de ellas.
No en todos los lugares se vive igual, ni en todos se acepta. Hay barrios que se organizan, que la rechazan, que intentan frenarla. Pero incluso ahí, incluso donde se pelea, su presencia es constante.
Ese es el problema.
No solo que exista, sino que obliga a convivir con ella. Que forme parte del día a día. De lo que se ve. De lo que se asume. Que esté lo suficientemente cerca como para no poder ignorarla, pero lo suficientemente integrada como para no provocar siempre una reacción.
Y cuando algo deja de provocar reacción, empieza a normalizarse.
No todas las personas conviven con la droga de la misma manera.
Hay quien puede apartarla de su vida, decidir cuándo verla y cuándo no. Y hay quien no tiene esa opción. Hay vidas donde la droga no aparece: está.
La diferencia no está solo en el consumo. Está en la exposición.
Porque lo que incomoda no es solo la droga, sino su cercanía. Que esté abajo de casa. En la esquina. En lo cotidiano. Donde puede ocultarse, se tolera. Donde se hace visible, se convierte en problema.
No son realidades aisladas. La droga y la explotación de mujeres comparten base: desigualdad, vulnerabilidad y falta de alternativas reales. No es coincidencia. Es estructura.
En ese contexto, los cuerpos de las mujeres no quedan al margen: se utilizan. El consumo, la dependencia y la explotación no son fenómenos paralelos, sino piezas de un mismo sistema que se sostiene sobre ellas.
Y en ese contexto, las mujeres no están al margen.
Cuando las mujeres consumen, el juicio no es solo moral: es estructural. Se las convierte en responsables de todo, también de lo que no controlan.
La maternidad, en este contexto, no protege: se convierte en un lugar de vigilancia y castigo. Sobre ellas recae la obligación de sostener, cuidar y recuperarse, incluso cuando no existen condiciones reales para hacerlo. Y cuando no lo logran, la respuesta no es el acompañamiento, sino la intervención punitiva: retirada de menores, estigmatización, señalamiento constante.
No se trata de decisiones individuales, sino de cómo se organiza la responsabilidad. Mientras a ellas se les exige todo, el sistema solo aparece para sancionar.
No se les exige más porque puedan más, sino porque se espera que lo soportan todo.
La droga no solo atraviesa a quien consume. También atraviesa a quienes crecen alrededor.
Hay generaciones que no descubren la droga: crecen con ella.
No como una excepción, sino como parte del entorno. La ven antes de poder entenderla. La normalizan antes de poder decidir. Y cuando llega el momento de elegir, no lo hacen desde un lugar neutro.
Y, aun así, seguimos hablando de decisiones individuales como si todas partieran del mismo punto.
No es que no se sepa lo que está pasando. Se sabe. Se ve. Se repite.
La cuestión es qué se hace con ello.
Porque cuando la respuesta se centra en controlar, sancionar o separar, pero no en transformar las condiciones que lo sostienen el problema no desaparece. Se mantiene.
Se marca una línea entre lo que está bien y lo que está mal, pero no se construyen las condiciones para que todas las personas puedan situarse al otro lado. Y cuando esa distancia es insalvable, lo que se presenta como solución termina siendo otra forma de abandono.
No falta diagnóstico. Falta decisión.
Porque intervenir en las consecuencias es más rápido, más visible y más fácil que cuestionar el sistema que las produce.
La droga no solo destruye vidas. También se vuelve parte de ellas.
Y eso la hace más peligrosa.
Porque el problema no es solo que esté cerca.
Es que se ha vuelto lo suficientemente habitual como para no provocar siempre una reacción.
Y eso no es neutral.
La droga no se normaliza sola.
Mayca Romero Sánchez de Al Campa
Activista feminista
