Después del V Congreso Andaluz de Mujeres Abolicionistas, muchas de nosotras hemos vuelto a casa con la misma certeza que nos acompaña desde hace años: no habrá ley abolicionista mientras el poder político siga mirando hacia otro lado. Podemos adornarlo, disfrazarlo de proceso, de estrategia o de diálogo institucional, pero la verdad es simple: no existe voluntad real de acabar con el sistema prostitucional.
Llevamos demasiado tiempo esperando una ley que penalice a los puteros, persiga a los proxenetas y garantice salidas dignas para las mujeres prostituidas. El texto existe, está redactado por compañeras feministas, sostenido en un trabajo político y jurídico sólido. Lo que falta es el valor de aprobarlo.
1. El PSOE: un discurso que se agota en los titulares
El Partido Socialista ha hecho de la abolición una consigna útil, pero no un compromiso político. Cada vez que necesita recomponer su imagen ante los escándalos o las pérdidas electorales, agita el feminismo abolicionista como bandera. Pero cuando llega el momento de legislar, el discurso se disuelve en tecnicismos, en “división parlamentaria”, en “procesos de consenso”.
La verdad es otra: el PSOE no va a promover una ley abolicionista de verdad porque esa ley tocaría los cimientos del poder que lo sostiene. Penalizar el consumo de prostitución implicaría enfrentarse a los puteros que están dentro de sus propias filas, a los financiadores, a los que se benefician del silencio institucional.
Incluso los escándalos recientes —como el de las saunas vinculadas al suegro del presidente, reconocidas públicamente como negocios de prostitución aunque judicialmente consideradas “lícitas”— muestran hasta qué punto el sistema político convive con el sistema prostitucional. ¿Quién se atreverá a cortar esos lazos? ¿Quién renunciará a los beneficios que ofrece la hipocresía?
El PSOE ha adoptado el mismo discurso del PP: se proclama abolicionista mientras protege a quienes sostienen la industria del sexo. No se enfrentan a los proxenetas, sino a la incomodidad de parecer autoritarios. Prefieren la tibieza de la corrección política a la firmeza ética del feminismo.
2. La izquierda desdibujada: el progresismo que cambió de nombre
La otra izquierda, esa que antes se llamaba Podemos y hoy se fragmenta en múltiples siglas, ha sido incapaz de sostener una posición clara. Se refugia en una ambigüedad interesada: ni abolicionismo ni regulación, un “ni-ni” político que solo beneficia al patriarcado.
La confusión ideológica se traduce en parálisis institucional. Han convertido la prostitución en un campo de batalla discursivo, pero no en un problema de justicia social. Han olvidado que no hay libertad en la explotación y que ninguna mujer nace para ser prostituida.
Esa izquierda que presume de escuchar a los movimientos sociales ha ignorado sistemáticamente al movimiento abolicionista, prefiriendo la comodidad del relativismo a la responsabilidad política.
3. Lo que una ley abolicionista debería ser (y por eso no la quieren)
Una ley abolicionista real no se redacta para contentar a nadie, sino para transformar un sistema entero.
Implica:
- Sancionar a los puteros, porque el consentimiento comprado no es libertad sino coacción económica.
- Penalizar todo tipo de proxenetismo, incluyendo la tercería locativa y las plataformas digitales.
- Garantizar alternativas reales: vivienda, empleo, formación, protección, recursos.
- Erradicar la trata desde su raíz económica, no solo desde el espectáculo de la persecución policial.
- Acompañar la ley con educación sexual crítica y políticas públicas de igualdad estructural.
Eso requiere voluntad, presupuesto y enfrentarse a los intereses de quienes lucran con la desigualdad. Por eso no lo harán: porque una ley así desnudaría el cinismo de quienes llevan décadas haciendo política sobre nuestros cuerpos.
4. Feminismo radical: la verdad que incomoda
El feminismo radical no se define por el grito, sino por la coherencia. Llevamos años haciendo el trabajo que el Estado no quiere hacer: investigar, acompañar, ofrecer alternativas, construir pensamiento crítico. Hemos demostrado que el abolicionismo no es una consigna moral, sino una política material de justicia social.
Mientras los partidos juegan a las negociaciones, nosotras seguimos organizando congresos autogestionados, escuelas de pensamiento, redes de apoyo mutuo. No hay sueldos ni privilegios detrás, solo compromiso.
Y precisamente por eso nuestra palabra tiene autoridad. Porque la decimos sin miedo, sin cálculo, sin deuda.
Nosotras no traficamos con la esperanza, la sembramos.
5. No habrá ley abolicionista… todavía
No la habrá mientras la izquierda siga teniendo miedo al conflicto.
No la habrá mientras el feminismo institucional sea rehén del marketing electoral.
No la habrá mientras los puteros sigan siendo militantes, financiadores o amigos del poder.
No la habrá mientras la verdad se oculte bajo el eufemismo del “consentimiento”.
Pero la habrá, algún día, porque el movimiento feminista no se detiene. Porque la historia, aunque la quieran manipular, está de nuestro lado. Y porque cada vez que una mujer dice “no”, cada vez que una joven entiende que no tiene precio, cada vez que una prostituida logra salir y hablar, el patriarcado pierde poder.
No habrá ley abolicionista… de momento.
Pero habrá memoria.
Habrá pensamiento.
Habrá resistencia.
Y eso también es ley.
Mayca Romero Sánchez de la Campa. Cofundadora de Cádiz Abolicionista y Fundadora de la Plataforma Andaluza de Mujeres Abolicionistas.
