Os dejamos un nuevo trabajo de investigación, realizado por la abogada Núria González y el periodista Carlos Quílez, publicado en el diario “El Taquígrafo” el 30 de abril de 2020. Explican cómo, en los días de confinamiento más duros, se produjo un ataque directo al derecho a la justicia gratuita de toda la ciudadanía que aún hoy tiene graves consecuencias.
Turno de oficio: Garrigues te lo afina
“El colectivo de la abogacía fue pillado por sorpresa el pasado 22 de abril cuando, a través de la cuenta oficial de Twitter del ministerio de Justicia, se anunció que el ministro, Juan Carlos Campo, había encargado a dedo al abogado, Antonio Garrigues Walker, un informe sobre el futuro de la abogacía y, concretamente, sobre el devenir del turno de oficio y cómo aminorar su coste para el ministerio”.
La adjudicación directa del estudio sobre cómo redefinir los costes del turno de oficio al despacho de abogados Garrigues, uno de los mayores de España, cuya facturación en 2019 rondó los 400 millones de euros, ha causado indignación y mucho malestar en el colectivo de la abogacía española, y más concretamente, en los letrados y letradas que prestan servicio en el turno de oficio.
Sintonía con el ministro
Sin embargo, este nombramiento del ministro, Juan Carlos Campo, a Garrigues, sólo 100 días después de ser nombrado, no ha causado tanta sorpresa, puesto que sus caminos profesionales ya habían coincidido con anterioridad, en el nada afable escenario del escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía.
Fue una letrada del prestigioso bufete Garrigues, Alicia Ruíz de Castro, la encargada de realizar el informe que debería servir, en palabras de la propia abogada, de «paraguas legal, pero con urgencias» para poder llevar a cabo todo el entramado que luego acabaría con la condena de la plana mayor del PSOE de Andalucía. Así fue como lo explicó cuando fue llamada a declarar en el juicio de los ERE, en junio de 2018.
Sin embargo, Alicia Ruiz de Castro conocía muy bien el entramado de la Junta de Andalucía pues, antes y después de trabajar en Garrigues, era letrada del gabinete jurídico del gobierno andaluz, concretamente, de 1999 a 2005 y desde 2014 hasta la actualidad.
Juntos, también para lo malo
En el intermedio de esa puerta giratoria de entrada, salida y reentrada al cuerpo de abogados de la Junta de Andalucía, fue la autora del informe encargado, en 2009, por el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, al despacho de Garrigues, en el que trabajó la abogada desde 2005 hasta 2014, para cambiar el sistema de concesión de ayudas de los ERE irregulares, especialmente las dadas a empresas en crisis.
Pero Ruiz de Castro no fue la única implicada en el caso de los ERE. La Fiscalía Anticorrupción solicitó, en enero de 2014, una fianza de responsabilidad civil de 4.089.000 euros a otro de los integrantes del despacho Garrigues, José Miguel Caballero, por ser supuesto conocedor de la inclusión de «intrusos» en el expediente de la empresa Acyco, lo cual fue negado por el letrado ante la jueza de instrucción del caso.
Mientras, en junio de 2016, el actual ministro de justicia, siendo entonces secretario de justicia de la primera ejecutiva de Pedro Sánchez al frente del PSOE, declaraba, en una entrevista en la Cadena SER, sentirse «perplejo» porque el juez de los ERE hubiera procesado a los expresidentes Chaves y Griñán.
Quizá su perplejidad venía porque conocía bien la manera de trabajar de los integrantes del despacho Garrigues, que empezaron a asesorar a la consejería de Empleo de la Junta justo cuando él era director general de Relaciones con la Administración de Justicia del gobierno andaluz, más o menos del año 1999 hasta 2001, cuando fue nombrado Vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a propuesta del PSOE.
Ministro político
También el ministro ha gozado de una larga carrera de altos cargos públicos, pues del CGPJ, fue nombrado por Zapatero, secretario de Estado de Justicia, en febrero de 2009, cargo en el que se mantuvo hasta 2011. Como hecho destacado, podemos resaltar que fue bajo su mandato cuando, en octubre de 2010, se dictó la Orden de la Dirección General de Registradores y Notarios que permitió de facto, y en fraude de ley, la pseudolegalización de los «vientres de alquiler» en España, práctica declarada contra los Derechos Humanos por el Tribunal Supremo, en febrero de 2014.
Sin embargo, también giró la puerta de lo público para el actual ministro de Justicia cuando, en 2014, volvió a la Junta de Andalucía, de nuevo, como alto cargo, esta vez, como secretario general de Relaciones con el Parlamento. De ahí al Congreso de los Diputados y, por fin, al Ministerio.
Ahora, ambos poderosos hombres, el ministro Campo y el abogado Garrigues, se vuelven a encontrar, en esta ocasión, para decidir cómo recortar el coste del derecho fundamental a la Justicia para todos.
