El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia plantea una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que desprotegió al lobo a instancias de Ecologistas en Acción de Galicia y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecoloxistas en Acción han recibido hoy un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que acuerda plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra dos preceptos clave de la Ley estatal 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario: la Disposición final decimonovena y la Disposición adicional octava.
El Auto, notificado esta misma mañana a las partes personadas, estima parcialmente la petición formulada por las organizaciones ecologistas en el marco del recurso contencioso-administrativo que mantienen contra la resolución de la Xunta de Galicia que autorizaba controles del lobo ibérico durante la temporada de caza 2025/2026. El Tribunal suspende además provisionalmente las actuaciones del procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión.
Una decisión histórica contra la «ley del desperdicio» que desprotegió al lobo
La Sala del TSXG considera que las disposiciones impugnadas podrían vulnerar varios preceptos constitucionales y principios fundamentales:
- El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), en relación con los arts. 23, 66.2 y 87 de la Constitución y los requisitos exigibles a las leyes singulares.
- El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en conexión con los derechos de participación pública y acceso a la justicia en materia medioambiental reconocidos en el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006.
- El artículo 45 de la Constitución (derecho a un medio ambiente adecuado), en relación con la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), el principio de actuación conforme a la mejor y más reciente evidencia científica y el principio de no regresión del estándar ambiental.
El auto del TSXG supone un respaldo jurídico de primer orden a la tesis defendida por las organizaciones recurrentes, que venían denunciando que la inclusión de estas enmiendas en una ley sobre desperdicio alimentario —introducidas en el Senado mediante un acuerdo entre PP, Vox, Junts y PNV— constituía un intento de desmantelar por vía de extramuros décadas de protección del lobo ibérico.
El procedimiento, en suspenso a la espera del Constitucional
Con la elevación de la cuestión, el TSXG ha acordado suspender provisionalmente las actuaciones del recurso contencioso-administrativo principal hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión a trámite de la cuestión. Mientras tanto, el mismo Tribunal ya acordó en septiembre del pasado año 2025 la suspensión cautelar de las autorizaciones de caza de lobo. La Resolución de vedas para la temporada 25/26 ya no incluye al lobo como especie cinegética.
La inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial supuso un avance histórico en su conservación. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la especie presenta un estado de conservación desfavorable-inadecuado en las tres regiones biogeográficas donde está presente en España (mediterránea, atlántica y alpina). Pese a ello, la Ley 1/2025 eliminó su protección y abrió la puerta a su caza, sin justificación científica alguna.
DECLARACIONES
Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico:
«Hoy es un día importante para la conservación del lobo en España. El TSXG ha entendido que la maniobra política de incluir la desprotección del lobo en una ley sobre el desperdicio alimentario no solo es arbitraria, sino que puede ser inconstitucional. Confiamos en que el Tribunal Constitucional esté a la altura y restablezca la protección de una especie clave para nuestros ecosistemas».
Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción:
«Este auto demuestra que la justicia empieza a poner freno a los ataques a la biodiversidad. La Xunta de Galicia autorizó la caza del lobo pese a su estado desfavorable, y el propio Estado facilitó esa decisión con unas enmiendas que nada tenían que ver con la ley que las cobijaba. Ahora será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra, pero el mensaje es claro: no se puede legislar contra la ciencia y contra el medio ambiente”.
Jaime Doreste, abogado de las organizaciones:
«Planteamos la cuestión de inconstitucionalidad porque era un paso obligado, y el TSXG ha tenido la valentía de admitir nuestras alegaciones. La posible vulneración del artículo 45 de la Constitución, el principio de no regresión y la interdicción de la arbitrariedad son argumentos sólidos que el Constitucional deberá analizar. No se puede desproteger una especie amenazada mediante un procedimiento legislativo torticero, sin informes científicos y sin participación pública. Mientras tanto, seguiremos litigando para garantizar que el lobo mantenga su estatus de protección».
Sara González Merinero, especialista en Derecho Ambiental y también abogada del procedimiento:
«El auto es especialmente relevante porque vincula la cuestión de inconstitucionalidad con el Convenio de Aarhus y el derecho a la tutela judicial efectiva en materia ambiental. Esto abre una vía de gran calado: no solo se cuestiona el fondo de la medida, sino el propio proceso que la hizo posible, con evidentes vicios de participación y transparencia. Estamos ante un precedente que puede sentar las bases para futuras impugnaciones de normas que pretendan desmantelar la protección ambiental por la vía de extramuros».
Próximos pasos
El Tribunal Constitucional deberá ahora pronunciarse sobre la admisión de la cuestión. En caso de admitirla, abrirá un procedimiento de declaración de inconstitucionalidad que podría anular los preceptos cuestionados, restituyendo así la protección del lobo ibérico a nivel estatal y dejando sin cobertura legal las autorizaciones de caza como las de la Xunta de Galicia.
Las organizaciones ecologistas anuncian que mantendrán su presión jurídica y social, tanto a nivel nacional como europeo, para garantizar que el lobo ibérico recupere su estatus de protección y que su gestión se base exclusivamente en criterios científicos.
